Prevención LC/FT/FPADM en Costa Rica: obligaciones de la Ley 7786 y del Acuerdo CONASSIF 12-21
En Costa Rica, las entidades financieras supervisadas deben prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM) conforme a la Ley 7786 y al Acuerdo CONASSIF 12-21, antes llamado Acuerdo SUGEF 12-21. El reglamento rige desde el 1 de enero de 2022 con un enfoque basado en riesgos.
En 2026 el marco se movió: la Ley 10961 reformó la Ley 7786 para incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales y reescribió el régimen de multas, que para las entidades financieras va del 0,5 % al 2 % del patrimonio. Si eres oficial de cumplimiento, auditor o gerente de riesgos en un banco, cooperativa, puesto de bolsa, operadora de pensiones o aseguradora, en esta guía te explicamos qué exige el reglamento, qué cambió y cómo gestionarlo con Pirani AML.
¿Qué es el Acuerdo CONASSIF 12-21 (antes SUGEF 12-21)?
Es el "Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786". Según el texto publicado por la SUGEF:
- Fue aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el 18 de enero de 2021 y publicado en el Alcance 17 a La Gaceta 19 del 28 de enero de 2021.
- Rige desde el 1 de enero de 2022.
- En abril de 2022, el Conassif cambió la nomenclatura de los reglamentos transversales; por eso el antiguo Acuerdo SUGEF 12-21 se llama hoy Acuerdo CONASSIF 12-21.
El reglamento desarrolla la Ley 7786, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, reformada por las Leyes 8204, 8719, 9387 y 9449, según los considerandos del propio acuerdo. Su enfoque cambió el modelo de cumplimiento por una supervisión basada en riesgos: cada sujeto obligado define el marco de gestión LC/FT/FPADM que se adapte a su negocio.
Novedades recientes: la Ley 10961 y los activos virtuales
La Ley 10961, aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2026 y publicada en el Alcance 78 a La Gaceta 113 del 19 de junio de 2026, reformó la Ley 7786. Rige tres meses después de su publicación y otorgó hasta tres meses para su reglamentación. Sus cambios principales son:
| Cambio Normativo | Qué establece |
|---|---|
| Nuevo artículo 15 quater | Los proveedores de servicios de activos virtuales (intercambio, transferencia, custodia o emisión) quedan sujetos a obligaciones LC/FT/FPADM y deben inscribirse ante la SUGEF. (La inscripción no es autorización para operar). |
| Prohibición de relaciones con no inscritos | Las entidades del artículo 14, entre otras, no pueden mantener relaciones comerciales con proveedores de servicios de activos virtuales no inscritos ante la SUGEF. |
| Debida diligencia en activos virtuales | Aplica cuando las transacciones igualen o superen el umbral fijado por el Conassif; las transferencias deben llevar la información que exige el estándar del GAFI. |
| Nuevo artículo 81 | Reescribe el régimen de multas sancionatorias para entidades financieras, actividades no financieras designadas y proveedores de activos virtuales. |
Para los sujetos obligados del artículo 14, la consecuencia práctica es doble: revisar si alguno de sus clientes o contrapartes es un proveedor de servicios de activos virtuales y verificar su inscripción ante la SUGEF, porque mantener esa relación sin inscripción vigente es ahora una infracción sancionable.
¿A quién aplica?
El Acuerdo CONASSIF 12-21 aplica a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786 supervisados por la SUGEF, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). También alcanza a las empresas de los grupos y conglomerados financieros supervisados (artículo 2).
La SUGEVAL lo registra como vigente en su normativa agrupada por participantes. Cada superintendencia puede dictar lineamientos específicos para su mercado, con medidas de diligencia simplificada o reforzada según el riesgo (artículo 4).
Gobernanza: órgano de dirección, comité y oficialía de cumplimiento
- Órgano de dirección (artículo 7): Asigna recursos; aprueba políticas de conocimiento del cliente; nombra el comité de cumplimiento y le pide informes semestrales; nombra al oficial de cumplimiento titular y adjunto; aprueba el manual de cumplimiento (actualizable al menos anualmente), la evaluación de riesgo institucional y la metodología de clasificación de clientes.
- Comité de cumplimiento (artículos 9 a 13): Permanente. Lo preside un miembro del órgano de dirección y lo integran el oficial de cumplimiento (con voz) y el gerente general, más un alto funcionario de negocios. Se reúne al menos cada tres meses e informa al órgano de dirección semestralmente sobre la exposición al riesgo.
- Oficialía de cumplimiento (artículos 17 a 23): Se designa un oficial titular y uno adjunto (a tiempo completo, dependientes del órgano de dirección) con independencia y autoridad. Su nombramiento o cese debe informarse a la superintendencia y a la UIF en máximo tres días hábiles.
Gestión de riesgos y medidas preventivas
El reglamento exige una evaluación del riesgo LC/FT/FPADM del sujeto obligado, una metodología de clasificación de clientes y el análisis de riesgos de nuevas tecnologías y productos (artículos 24 a 26). Las medidas preventivas incluyen:
- Diligencia debida del cliente, con versiones simplificada y reforzada según el riesgo (artículos 27 a 29).
- Identificación del beneficiario final, definido como la persona física que finalmente posee o controla al cliente o en cuyo nombre se realiza la transacción (artículo 3).
- Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC), expediente electrónico unificado (artículo 37).
- Medidas adicionales para PEP, partidos políticos, operaciones en efectivo, cuentas de expediente simplificado, y corresponsales (artículos 39 a 45).
- Monitoreo automatizado, gestión de operaciones inusuales, reportes de operaciones sospechosas a la UIF y congelamiento de fondos (artículos 46 a 51).
- Registro y notificación de transacciones en efectivo y transferencias internacionales (artículos 52 a 55).
Claves del Enfoque de Riesgos: El plazo máximo para actualizar la información de un cliente pasó de 36 a 60 meses; y para clientes de riesgo bajo con transacciones mensuales inferiores a USD 5,000, el sujeto obligado puede prescindir de documentos formales de origen de fondos si tiene políticas de riesgo que lo sustenten.
Auditoría interna y externa
Auditoría interna (artículo 14): Debe presentar un programa anual de evaluación, seguimiento y control con enfoque basado en riesgos al órgano de dirección.
Auditoría externa (artículos 15 y 16): Cada sujeto obligado se somete anualmente a una auditoría externa LC/FT/FPADM hecha por un auditor inscrito. Este emite un informe de atestiguamiento bajo la norma NIEA 3000, que debe presentarse a la superintendencia a más tardar el último día hábil de abril (corte a diciembre). El plan de acción para subsanar los hallazgos debe estar disponible el 30 de junio.
Plazos y frecuencias clave
| Obligación | Plazo o Frecuencia |
|---|---|
| Sesiones del comité de cumplimiento | Al menos cada 3 meses. |
| Informe del comité al órgano de dirección | Al menos semestral. |
| Actualización del manual de cumplimiento | Al menos anual. |
| Aviso de designación o cese del Oficial | Máximo 3 días hábiles. |
| Entrega del informe del auditor externo | Último día hábil de abril (corte a diciembre). |
| Plan de acción de auditoría externa | Disponible el 30 de junio de cada año. |
| Actualización de información de clientes | Según riesgo, con máximo de 60 meses. |
Sanciones por incumplimiento
Con la reforma de la Ley 10961, el artículo 81 de la Ley 7786 sanciona a las entidades del artículo 14 con una multa del 0,5 % al 2 % de su patrimonio (capital social, aportes y utilidades acumuladas), según la gravedad, el daño y la reincidencia. Entre las conductas sancionables están:
- No registrar en plazo las transacciones iguales o superiores a USD 10,000, incluidas transferencias externas y operaciones múltiples.
- Incumplir la debida diligencia, controles PEP, reporte de operaciones sospechosas o confidencialidad.
- No implementar adecuadamente los programas internos o no nombrar a los responsables de vigilarlos.
- Negarse a entregar información a la superintendencia o a la UIF del ICD.
- Mantener relaciones comerciales con proveedores de activos virtuales sin inscripción vigente ante la SUGEF.
Las multas deben pagarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la notificación, generando un recargo por mora del 3 % mensual.
Cómo cumplir: pasos prácticos
- Revisa tu evaluación institucional de riesgo e incorpora obligatoriamente el riesgo de activos virtuales tras la entrada de la Ley 10961.
- Identifica contrapartes vinculadas a cripto: Filtra si tus clientes son proveedores de servicios de activos virtuales y exige su inscripción oficial ante la SUGEF.
- Actualiza la metodología de clasificación de clientes y ajusta los plazos de actualización de expedientes (hasta 60 meses según el nivel de riesgo).
- Fortalece el monitoreo de transacciones únicas, múltiples y los registros obligatorios de USD 10,000 o más.
- Ordena la gobernanza: Documenta las actas del comité trimestrales, los informes semestrales al órgano de dirección y programa la actualización anual del manual.
- Prepara la auditoría externa: Consolida la evidencia para el informe NIEA 3000 de abril y el plan de remediación del 30 de junio.
- Capacita al personal operativo y a la oficialía de cumplimiento sobre las nuevas tipologías normativas de forma continua.
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- Consulta centralizada de listas internacionales (como la ONU y OFAC, requeridas en el artículo 6).
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Preguntas frecuentes
- ¿El Acuerdo SUGEF 12-21 y el Acuerdo CONASSIF 12-21 son lo mismo? Sí. En abril de 2022 el Conassif cambió la nomenclatura de los reglamentos transversales, y el antiguo Acuerdo SUGEF 12-21 pasó a llamarse Acuerdo CONASSIF 12-21. Su contenido rige desde el 1 de enero de 2022.
- ¿Quién debe cumplir el Acuerdo CONASSIF 12-21? Los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786 supervisados por la SUGEF, la SUPEN, la SUGEVAL y la SUGESE, incluidas las empresas de los grupos y conglomerados financieros.
- ¿Cuál es la multa por incumplir la Ley 7786 para una entidad financiera? Tras la reforma de la Ley 10961 (2026), oscila del 0,5 % al 2 % del patrimonio total de la entidad, según la gravedad y la reincidencia.
- ¿Cada cuánto debe hacerse la auditoría externa LC/FT/FPADM? Cada año. El informe (bajo norma NIEA 3000) debe presentarse a la superintendencia a más tardar el último día hábil de abril, con corte a diciembre del año anterior.
- ¿Qué cambia la Ley 10961 para los bancos? Incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados (inscritos ante SUGEF) y prohíbe a las entidades financieras operar con aquellos no inscritos. Además, endurece las multas del artículo 81.
Fuentes oficiales
- SUGEF, Acuerdo CONASSIF 12-21 (antes Acuerdo SUGEF 12-21), versión 7 del 10 de noviembre de 2022.
- Imprenta Nacional, Alcance 78 a La Gaceta 113, Ley 10961 (19 de junio de 2026).
- SUGEVAL, Normativa agrupada por participantes.
- SUGEF, Presentación del Reglamento de prevención LC/FT/FPADM.
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