Ley de Beneficiario Final en Honduras: quién debe registrarse ante la CNBS y en qué plazos
La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final (Decreto 127-2026) obliga a las sociedades mercantiles y estructuras jurídicas que operan en Honduras a identificar a sus beneficiarios finales e inscribirlos en un registro que administra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Está vigente desde el 3 de julio de 2026.
Si diriges una empresa, administras un fideicomiso o llevas el cumplimiento de un grupo con operaciones en Honduras, esta ley cambia tu agenda de 2027: el reglamento ya se publicó, la CNBS prepara la apertura del registro, las acciones al portador deben convertirse en nominativas y la falta de cumplimiento se multa por cada incumplimiento. En esta guía te explicamos quién está obligado, cómo se determina el beneficiario final, qué plazos corren y cómo organizarte con Pirani Compliance.
¿Qué es la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final?
Es la ley que crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF) y regula cómo las personas y estructuras jurídicas deben identificar y reportar a las personas naturales que en última instancia las poseen o controlan. Fue aprobada por el Congreso Nacional el 17 de junio de 2026 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,184 del 3 de julio de 2026, fecha en la que entró en vigencia, según el texto del Decreto 127-2026 y el registro de leyes de la CNBS en el Portal Único de Transparencia.
Su objetivo declarado es reforzar la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, de la corrupción y de la delincuencia organizada. Los considerandos de la ley citan las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI, que exigen a los países asegurar el acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.
La CNBS es la autoridad de control: administra el registro, verifica la información y sanciona los incumplimientos (artículos 3, 8, 26 y 27).
Novedades recientes: el reglamento y la puesta en marcha del registro
En los cuatro meses siguientes a la publicación de la ley se dieron estos pasos:
| Fecha | Hito | Fuente |
|---|---|---|
| 3 de julio de 2026 | Publicación y entrada en vigencia del Decreto 127-2026 (La Gaceta No. 37,184). | Decreto 127-2026 |
| 24 al 31 de agosto de 2026 | La CNBS socializa el proyecto de reglamento. | CNBS, Proyectos de normativa |
| 19 de octubre de 2026 | Publicación del reglamento en La Gaceta No. 37,273. | Televisión Nacional de Honduras |
Según la Televisión Nacional de Honduras (1 de noviembre de 2026), el reglamento:
- Considera beneficiario final por propiedad a la persona natural que posea, directa o indirectamente, el 25 % o más del patrimonio o capital; si no se puede determinar por propiedad, se evalúan los criterios de control efectivo.
- Exige aplicar los criterios de forma sucesiva, complementaria y documentada.
- Pide presentar una Declaración Jurada de Beneficiario Final con documentos que acrediten identidad, estructura de propiedad y control.
- Define el régimen de sanciones y medidas para proteger la confidencialidad.
La misma fuente indica que la CNBS aún debe emitir el acto administrativo que comunicará el inicio del registro, los mecanismos de presentación y los formularios, y que puso en marcha un proyecto piloto para validar procesos antes de la implementación completa.
¿Quién debe registrarse?
El artículo 4 obliga a inscribirse en el RCBF a:
| Obligado | Ejemplos |
|---|---|
| Sociedades mercantiles nacionales o extranjeras inscritas en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad. | Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sucursales de sociedades extranjeras. |
| Estructuras jurídicas con o sin personería jurídica. | Fideicomisos, fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonios autónomos, sociedades de hecho. |
| Entidades o empresas públicas en las que el Estado no tenga el 100 % de participación. | Empresas mixtas. |
El artículo 5 excluye a las entidades y empresas públicas controladas solo por el Estado (salvo alianzas público-privadas o fideicomisos con participación pública), a embajadas, misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados, y a fondos soberanos y entidades públicas de terceros países que inviertan en Honduras.
¿Cómo se determina el beneficiario final?
La ley define al beneficiario final como la persona natural que, en última instancia, posee o controla una persona jurídica o estructura jurídica, o en cuyo nombre se realiza una transacción. Solo una persona natural puede ser beneficiario final, y una sociedad puede tener varios.
El artículo 6 fija los siguientes criterios sucesivos:
- Propiedad: la persona natural que posea, directa o indirectamente y por cualquier modalidad, el 25 % o más del patrimonio.
- Control efectivo por otros medios: por ejemplo, la facultad de designar o remover a la mayoría de los órganos de administración, dirección o supervisión, o el poder de decisión sobre acuerdos financieros, operativos o comerciales.
- Funcionario administrativo superior: si no se identifica a nadie con los criterios anteriores, se registra al administrador, gerente general, presidente ejecutivo o presidente del consejo, dejando constancia de que actúa solo en esa calidad y documentando por qué no fue posible identificar al beneficiario final.
- Fideicomisos y estructuras jurídicas: fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios o clases de beneficiarios, personas con poderes para actuar en el fideicomiso y cualquier otra persona natural con control efectivo final.
- Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro: las personas naturales que ocupen cargos equivalentes a los del punto 3.
¿Qué información hay que declarar?
El artículo 12 enumera los datos de cada beneficiario final: tipo y número de documento de identificación y país de expedición; nombres y apellidos; nacionalidad; fecha y país de nacimiento; domicilio personal y correo electrónico; RTN o equivalente; el criterio aplicado para determinar la condición de beneficiario final; la cadena de propiedad; el porcentaje de participación, cuando proceda; y la fecha en que deja de serlo.
El responsable de suministrar la información es, según el artículo 13, el representante legal, gerente general o liquidador en las personas jurídicas; el fiduciario en los fideicomisos; y el presidente o quien ejerza la representación en fundaciones y ONG de desarrollo.
Además, el artículo 15 obliga a conservar la información y su soporte durante la existencia de la condición de beneficiario final y al menos cinco años después de que cese.
Plazos clave
| Obligación | Plazo | Artículo |
|---|---|---|
| Reglamentación por la CNBS | 60 días hábiles desde la vigencia de la ley. | 34 |
| Habilitación del RCBF por la CNBS | Máximo 6 meses desde la vigencia (3 de julio de 2026). | 32 |
| Inscripción inicial de los obligados existentes | 4 meses desde que el registro entre en funcionamiento. | 18 |
| Gestiones para cumplir la ley tras el acto de inicio | Máximo 6 meses desde la publicación de ese acto. | 32 |
| Inscripción de entidades nuevas | Dentro del mes siguiente a su creación. | 18 |
| Actualización anual | A más tardar el 30 de mayo de cada año; si no hay cambios, se informa sin nueva declaración. | 19 |
| Reporte de cambios | Dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente a la modificación en la asamblea de socios. | 11 y 19 |
| Conversión de acciones al portador en nominativas | Máximo 6 meses desde la vigencia de la ley. | 33 |
Un punto que conviene no pasar por alto: el artículo 30 reforma el Código de Comercio para que los títulos accionarios solo puedan ser nominativos. Vencido el plazo del artículo 33, las acciones al portador no inscritas como nominativas quedan sin valor ni efecto y sus derechos suspendidos, incluido el pago de dividendos.
Acceso, confidencialidad y derechos
La información del RCBF es confidencial (artículo 24). Tienen acceso garantizado el Ministerio Público y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), con consultas mensuales previa firma de un acuerdo interinstitucional o, si no hay acuerdo, por oficio respondido en 10 días hábiles (artículo 20). Otras autoridades deben acreditar interés legítimo, que la CNBS evalúa y autoriza mediante resolución motivada (artículos 3 y 21).
Las personas registradas como beneficiarios finales pueden conocer su información, pedir rectificaciones y denunciar usos ilegítimos (artículo 16). Los funcionarios que accedan sin autorización o filtren datos incurren en falta grave y en el delito de revelación de secreto (artículos 28 y 29).
Sanciones por incumplimiento
El artículo 27 establece multas de 20 a 500 salarios mínimos por cada inobservancia o incumplimiento, graduadas según la gravedad, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona o estructura jurídica. En caso de reincidencia comprobada, la multa se duplica. La ley pide distinguir entre incumplimientos formales, materiales, omisiones subsanables y conductas dolosas dirigidas a ocultar o falsear la identidad del beneficiario final.
Por no convertir las acciones al portador, el artículo 33 prevé además una multa de 10 a 100 salarios mínimos promedio, sin perjuicio de las acciones penales o civiles.
Cómo prepararte: pasos prácticos
- Haz el inventario de tus entidades obligadas: Lista todas las sociedades, sucursales, fideicomisos y fondos del grupo que operan en Honduras y verifica si alguna exclusión del artículo 5 les aplica.
- Reconstruye la cadena de propiedad: Documenta cada nivel societario y calcula la participación indirecta para detectar quién llega al umbral del 25 %.
- Evalúa el control por otros medios: Revisa pactos de accionistas, poderes y facultades de nombramiento; el reglamento exige aplicar los criterios de forma sucesiva y documentada.
- Convierte las acciones al portador: Inscríbelas como nominativas y ajusta estatutos dentro de los seis meses desde la vigencia de la ley.
- Reúne los soportes de la declaración jurada: Identificaciones, RTN, actas y libros de registro de accionistas.
- Define responsables y un calendario: El representante legal responde por la información; fija alertas para la inscripción inicial, la actualización anual del 30 de mayo y los reportes de cambios.
- Vigila el acto administrativo de la CNBS: De su publicación dependen los formularios y el inicio formal de los plazos de registro.
Beneficiario final dentro de tu programa de prevención
La ley convierte en obligación societaria algo que ya era central en cualquier programa antilavado: saber quién está detrás de cada cliente y contraparte. Si tu organización además es sujeto obligado en materia de lavado de activos, conviene que la información que declaras al RCBF sea coherente con tus procesos de debida diligencia, tu consulta en listas internacionales y tu matriz de riesgo LA/FT en Pirani AML. Para las obligaciones antilavado de Honduras, revisa también nuestra solución para la Ley Especial contra el Lavado de Activos.
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Con Pirani Compliance puedes convertir la Ley de Beneficiario Final en un plan de cumplimiento controlado:
- Registra cada obligación del Decreto 127-2026 (inscripción, actualización anual, reporte de cambios, conservación de cinco años) y asígnale responsables y fechas.
- Programa alertas automáticas para el 30 de mayo y para los 10 días hábiles posteriores a cada cambio en la asamblea.
- Centraliza la evidencia (cadenas de propiedad, actas, declaraciones) para responder a cualquier verificación de la CNBS.
- Consolida el grupo empresarial en un solo tablero para ver qué entidad está al día y cuál no.
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Preguntas frecuentes
- ¿Desde cuándo está vigente la Ley de Beneficiario Final en Honduras? Desde el 3 de julio de 2026, fecha de su publicación en La Gaceta No. 37,184. Su reglamento se publicó en La Gaceta No. 37,273 del 19 de octubre de 2026.
- ¿Qué porcentaje convierte a alguien en beneficiario final? El 25 % o más del patrimonio de la persona o estructura jurídica, directa o indirectamente. Si nadie alcanza ese umbral, se evalúa quién ejerce el control efectivo por otros medios y, en último caso, se registra al funcionario administrativo superior, documentando las razones.
- ¿Cuándo hay que inscribirse en el registro de la CNBS? La ley da cuatro meses desde que el registro entre en funcionamiento y prevé que, desde la publicación del acto administrativo de inicio de la CNBS, los obligados tienen hasta seis meses para hacer todas las gestiones necesarias. Las entidades creadas después deben inscribirse dentro del mes siguiente a su creación.
- ¿Cuál es la multa por no cumplir? De 20 a 500 salarios mínimos por cada incumplimiento, según la gravedad y la capacidad económica del infractor, y el doble en caso de reincidencia. No convertir las acciones al portador tiene una multa adicional de 10 a 100 salarios mínimos promedio.
- ¿La información del registro es pública? No. Es confidencial. Acceden el Ministerio Público y la ONCAE, y otras autoridades solo si acreditan interés legítimo ante la CNBS. Cualquier persona puede consultar si fue incluida en el registro.
Fuentes oficiales
- La Gaceta No. 37,184, Decreto 127-2026, Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final (copia publicada por el Tribunal Superior de Cuentas).
- Instituto de Acceso a la Información Pública, Leyes de la CNBS en el Portal Único de Transparencia.
- CNBS, Proyectos de normativa 2026.
- Televisión Nacional de Honduras, nota sobre la publicación del reglamento (1 de noviembre de 2026).
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