10 cosas que tienes que saber sobre la Ley de Delitos Económicos en Chile

La Ley de Delitos Económicos en Chile cambió la forma en que el sistema penal mira a las empresas. Durante años, muchas conductas que afectaban el mercado, el medio ambiente o los recursos públicos se investigaban como delitos aislados. La nueva normativa reorganiza ese escenario completo: clasifica los delitos económicos, amplía la responsabilidad de las organizaciones y establece un sistema de sanciones diseñado para impactar directamente el beneficio obtenido de un delito.

La Ley de Delitos Económicos reorganiza el sistema penal económico en Chile

La Ley N.º 21.595 introduce una estructura completamente nueva para abordar los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente dentro del sistema penal chileno. El objetivo principal es ordenar y sistematizar delitos que estaban dispersos en distintas leyes, creando un marco coherente para investigarlos y sancionarlos.

Este nuevo marco incorpora tres cambios importantes:

• una clasificación clara de los delitos económicos
• nuevas reglas para determinar penas y multas
• una ampliación del alcance de la responsabilidad penal de las empresas

El impacto práctico es evidente: el sistema deja de tratar estos delitos como hechos aislados y comienza a analizarlos dentro de un mismo esquema legal. Para las organizaciones, esto significa que el análisis de riesgos legales debe ser más amplio y más detallado.

La ley clasifica los delitos económicos en cuatro categorías

Una de las innovaciones centrales de la ley es su sistema de clasificación de delitos económicos en cuatro categorías. Esta clasificación permite identificar cuándo un delito activa el régimen especial de sanciones previsto en la normativa.

Primera categoría: delitos que siempre se consideran económicos

Aquí se encuentran delitos que afectan directamente el funcionamiento del sistema económico. Entre ellos están:

• delitos contra el mercado de valores
• delitos bancarios
• conductas que alteran la competencia en el mercado

En estos casos, la ley considera que el daño económico está implícito en la naturaleza del delito.

Segunda categoría: delitos cometidos en el contexto de una empresa

En esta categoría entran delitos que adquieren carácter económico cuando se cometen:

• dentro del ejercicio de un cargo
• o en beneficio de una empresa

Algunos ejemplos son:

• delitos tributarios
• administración desleal
• giro doloso de cheques
• ciertos delitos ambientales sectoriales

La clave aquí es el vínculo entre la conducta y la actividad empresarial.

Tercera categoría: delitos vinculados a la administración pública

Esta categoría se refiere a delitos cometidos por funcionarios públicos cuando existe participación o beneficio para una empresa. Entre ellos se encuentran:

• fraude al fisco
• cohecho
• soborno
• malversación de fondos públicos

La ley busca abordar los casos donde el sector privado interviene en delitos contra el Estado.

Cuarta categoría: delitos asociados como lavado de activos

La última categoría incluye delitos que permiten ocultar, mover o aprovechar ganancias provenientes de delitos económicos. Entre los más conocidos están:

• lavado de activos
• receptación

Estos delitos funcionan como una extensión del resto del sistema.

El número de delitos que pueden generar responsabilidad se multiplica

Uno de los efectos más visibles de la reforma es la expansión del catálogo penal. La ley incorpora alrededor de 230 delitos que pueden ser considerados económicos, organizados dentro de las cuatro categorías establecidas por la normativa. Esto amplía de forma significativa el alcance de la responsabilidad penal en el ámbito empresarial.

El catálogo incluye conductas relacionadas con:

• mercado financiero
• delitos tributarios
• delitos ambientales
• actividades societarias
• recursos naturales
• relaciones laborales
• administración pública

Desde la perspectiva de gestión de riesgos, esto obliga a las empresas a realizar un análisis mucho más detallado de sus procesos. Un modelo de prevención efectivo ahora requiere:

• identificar actividades con riesgo penal
• revisar controles internos
• actualizar matrices de riesgo
• establecer mecanismos de monitoreo

Sin ese trabajo previo, resulta difícil demostrar que la organización tomó medidas razonables para prevenir conductas ilícitas.

La ley incorpora el medio ambiente dentro de los delitos económicos

Uno de los cambios más relevantes de la Ley N.º 21.595 es la incorporación de los atentados contra el medio ambiente dentro del sistema penal económico. La norma introduce en el Código Penal un conjunto de delitos relacionados con la contaminación y el daño a recursos naturales, integrando normas que antes estaban dispersas en distintas leyes sectoriales.

Entre las conductas que pueden configurar delitos económicos se encuentran:

• alteración maliciosa del reparto de aguas
• introducción de agentes contaminantes en cuerpos de agua
• vertimiento de sustancias contaminantes al aire o al suelo
• afectación de recursos hidrobiológicos

También se incorporan infracciones provenientes de distintas normativas ambientales, como:

• el Código de Aguas
• la Ley de Pesca y Acuicultura
• la Ley de Bosque Nativo
• la Ley de Caza
• la Ley de Monumentos Nacionales

El cambio es importante porque muchas de estas conductas antes se trataban principalmente en el ámbito administrativo. Con la nueva ley, pueden generar responsabilidad penal para personas naturales y también para las empresas. Para industrias intensivas en recursos naturales, este punto cambia el mapa de riesgos regulatorios.

Las penas y sanciones siguen reglas especiales

La ley establece un sistema específico para determinar penas en delitos económicos. El objetivo es evitar sanciones simbólicas y asegurar que las consecuencias tengan relación con el daño causado o el beneficio obtenido. Dentro de este sistema se consideran:

• atenuantes
• atenuantes muy calificadas
• agravantes
• agravantes muy calificadas

Estas circunstancias influyen en la forma en que se calcula la pena final. Además, la normativa introduce restricciones importantes respecto a las penas sustitutivas, lo que aumenta la probabilidad de que las sanciones se cumplan de manera efectiva. A esto se suman inhabilitaciones especiales, que pueden impedir a una persona condenada:

• ejercer cargos públicos
• ocupar cargos gerenciales en empresas
• contratar con el Estado

Estas consecuencias tienen un impacto directo en la carrera profesional de los responsables.

Las multas ahora se calculan con el sistema de “días-multa”

La ley introduce un modelo distinto para calcular las sanciones económicas: el sistema de días-multa. En lugar de fijar montos predeterminados, el tribunal establece la multa en dos etapas.

Primero se determina la cantidad de días-multa, según la gravedad del delito. Luego se fija el valor de cada día, tomando en cuenta los ingresos del responsable. Este sistema busca que las multas tengan un efecto proporcional. Una sanción económica que podría ser irrelevante para una gran empresa puede resultar muy significativa para una organización pequeña. Con el modelo de días-multa, la sanción se ajusta a la capacidad económica del infractor.

Desde la perspectiva del compliance, esto implica que el impacto financiero de una sanción puede ser mucho mayor que en el régimen anterior.

El Estado puede confiscar las ganancias obtenidas con un delito

Otro elemento central de la ley es el comiso de ganancias. El objetivo es retirar del patrimonio cualquier beneficio económico obtenido mediante una conducta ilícita. Este mecanismo no se limita al dinero recibido directamente por el delito. También puede alcanzar:

• utilidades generadas a partir de ese dinero
• bienes adquiridos con esas ganancias
• plusvalías u otros rendimientos derivados del delito

El fundamento es simple: una actividad ilícita no debe producir beneficios económicos para quien la realiza. Por esa razón, el sistema permite al Estado recuperar esos activos y transferirlos al fisco. Este mecanismo se convierte en una de las herramientas más relevantes de la ley para desincentivar conductas ilegales dentro del mundo empresarial.

El comiso puede aplicarse incluso sin condena penal

Una de las herramientas más fuertes que introduce la Ley N.º 21.595 es la posibilidad de aplicar comiso de bienes incluso cuando no existe una condena penal firme. En el modelo tradicional, el comiso solía depender de una sentencia condenatoria. Con esta ley, el sistema cambia. El Estado puede perseguir el patrimonio asociado a un delito en ciertos escenarios específicos. Esto puede ocurrir cuando:

• el imputado fallece
• la acción penal prescribe
• existe sobreseimiento por ciertas causales
• la persona se encuentra rebelde

En estos casos, el tribunal puede analizar si existe una relación entre los bienes y la actividad ilícita. Si se demuestra ese vínculo, los activos pueden ser confiscados. El enfoque se centra en el origen de los bienes y en el beneficio económico generado por la conducta investigada. Para las empresas, esto significa que el riesgo patrimonial asociado a delitos económicos puede existir incluso cuando el proceso penal no termina en condena.

Más organizaciones pueden ser responsables penalmente

La ley también amplía el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes de esta reforma, la Ley N.º 20.393 ya permitía sancionar a empresas por ciertos delitos. La nueva normativa amplía ese marco en dos dimensiones: el número de delitos y los tipos de organizaciones que pueden ser responsables.

Entre los nuevos sujetos que quedan dentro del régimen se encuentran:

• empresas públicas creadas por ley
• universidades del Estado
• partidos políticos
• personas jurídicas religiosas de derecho público

El objetivo es evitar que determinadas estructuras institucionales queden fuera del sistema de responsabilidad penal. En la práctica, esto significa que más organizaciones deben implementar mecanismos formales de prevención de delitos. La responsabilidad penal de una empresa se evalúa cuando el delito se comete:

• en beneficio de la organización
• o dentro del ejercicio de funciones vinculadas a ella

Por eso, el análisis de riesgos ya no puede limitarse a la alta dirección. Debe incluir procesos operativos, áreas comerciales y relaciones con terceros.

El modelo de prevención de delitos pasa a ser un elemento central

En este nuevo escenario, el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adquiere un papel central dentro del sistema de cumplimiento corporativo. Para que una empresa pueda eximirse de responsabilidad penal, la ley exige que el modelo de prevención sea real, operativo y evaluado periódicamente. Un modelo adecuado debe considerar al menos cuatro elementos fundamentales:

1. Identificación de riesgos

La organización debe analizar sus actividades para detectar procesos donde exista riesgo de delitos económicos.

2. Protocolos y controles

Se deben establecer procedimientos claros para prevenir y detectar conductas ilícitas, incluyendo canales de denuncia y mecanismos de seguimiento.

3. Un responsable con autonomía

La ley exige que exista un encargado del modelo de prevención con independencia, facultades de supervisión y acceso directo a la administración.

4. Evaluaciones periódicas

El sistema debe ser revisado por terceros independientes para verificar su funcionamiento y asegurar mejoras continuas.

La diferencia clave es que el modelo ya no puede ser un documento formal. Debe funcionar dentro de la operación diaria de la empresa.

Qué significa esta ley para la gestión de riesgos empresariales

La Ley de Delitos Económicos marca un cambio importante en la forma en que se evalúan los riesgos legales en Chile. El aumento del catálogo de delitos, la ampliación de la responsabilidad corporativa y las nuevas herramientas de sanción obligan a las empresas a revisar su estructura de cumplimiento.

En la práctica, esto implica:

• actualizar matrices de riesgo
• identificar nuevos escenarios de exposición penal
• fortalecer controles internos
• monitorear procesos de forma continua

Gestionar estos elementos con hojas de cálculo o documentos aislados suele generar brechas de control. Por esa razón, muchas organizaciones están incorporando software de gestión de riesgos y cumplimiento que permita centralizar la identificación de riesgos, documentar controles y monitorear la efectividad de los modelos de prevención. En un entorno regulatorio que exige evidencia, trazabilidad y mejora continua, la gestión de riesgos se convierte en una parte esencial del gobierno corporativo.