El lavado de activos en México representa una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera y la confianza en el sistema económico. Cada año, enormes sumas de dinero ilícito buscan entrar a la economía formal, impactando a bancos, empresas y al país en general.
Para enfrentar este problema, México cuenta con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado. En 2025, esta norma fue reformada con cambios clave que imponen nuevas obligaciones a los sujetos obligados y redefinen la manera en que deben cumplir frente a las autoridades.
¿Qué es la Ley LFPIORPI?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), o Ley Antilavado, es la norma que regula cómo las empresas y personas deben prevenir, detectar y reportar operaciones vinculadas al lavado de activos en México.
Su objetivo principal es impedir que dinero de origen ilícito se integre al sistema financiero y a la economía formal. Para lograrlo, establece qué actividades son consideradas vulnerables, qué obligaciones tienen quienes las realizan y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento.
En 2025, la ley fue reformada con cambios que amplían el alcance de estas obligaciones y refuerzan los mecanismos de control para los llamados sujetos obligados.
¿Qué está pasando con el lavo de activos en México?
El lavado de activos en México no solo erosiona la economía formal: también incrementa riesgos de sanciones internacionales y deteriora la confianza en bancos, empresas y autoridades. Por eso, la LFPIORPI se ha convertido en la columna vertebral de la estrategia nacional contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La reforma de 2025 elevó este marco legal a un nuevo nivel, ampliando actividades vulnerables, endureciendo sanciones y creando obligaciones inmediatas para más sectores.
¿Qué cambió con la Reforma de 2025?
La Reforma a la Ley Antilavado 2025 introdujo cambios profundos en la LFPIORPI que afectan a un número mayor de sectores y endurecen la supervisión:
Nuevas actividades vulnerables
- Operaciones con activos virtuales como criptomonedas.
- Desarrollo inmobiliario y fideicomisos con ciertos montos.
- Operaciones realizadas desde el extranjero con impacto en México.
Beneficiario controlador
- Ahora se considera beneficiario a quien tenga más del 25 % de participación o control (antes era 50 %).
- Su registro se volvió obligatorio y debe mantenerse actualizado.
Mayor control y supervisión
- Se exige capacitación constante y auditorías cuando se identifiquen riesgos altos.
- Se incluye un seguimiento especial a Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Incentivos y sanciones
- Se permiten reducciones de hasta un 50 % en multas si el cumplimiento se realiza de forma espontánea antes de una revisión.
- Las sanciones se calculan en UMA, con montos más altos y claros para cada tipo de actividad.
Impacto para sujetos obligados
Con la Reforma a la Ley Antilavado 2025, los sujetos obligados enfrentan un marco mucho más estricto y con consecuencias directas:
- Más sectores incluidos: ahora inmobiliarias, empresas de activos virtuales, fideicomisos y operaciones internacionales deben cumplir con la LFPIORPI.
- Obligaciones inmediatas: el cumplimiento ya no depende solo de reglas secundarias; está en la ley misma, lo que reduce márgenes de interpretación.
- Reportes más rápidos: las operaciones inusuales o sospechosas deben informarse en plazos más cortos, incluso en menos de 24 horas.
- Mayor coordinación de autoridades: la SHCP, la CNBV, el SAT y la UIF fortalecen el cruce de información y verificaciones.
El mensaje es claro: quien no se adapte corre el riesgo de sanciones más severas y de perder reputación frente a clientes, socios e inversionistas.
Nuevas actualizaciones de la Ley Antilavado
La Reforma a la Ley Antilavado 2025 no solo amplió sectores y sanciones; también introdujo ajustes prácticos que cambian la forma en que se gestiona el cumplimiento:
- Reportes inmediatos: las operaciones sospechosas deben notificarse a la UIF en un plazo máximo de 24 horas.
- Identificación de clientes: se simplificaron los procesos para clientes que son entes públicos, pero se reforzaron para personas morales y beneficiarios finales.
- Capacitación obligatoria: los sujetos obligados deben implementar programas continuos para su personal.
- Mayor claridad en sanciones: ahora expresadas en UMA, con umbrales que delimitan de forma más transparente los riesgos de incumplimiento.
Estas actualizaciones buscan cerrar vacíos que antes permitían retrasos o interpretaciones laxas en la prevención del lavado de activos en México.
¿Cómo contribuye Pirani en este nuevo contexto?
Cumplir con la Ley Antilavado después de la reforma de 2025 ya no es solo una tarea de reporte: requiere procesos claros, trazabilidad y control en tiempo real. Aquí es donde un software de gestión de riesgos como Pirani marca la diferencia.
- Centraliza la información: facilita la gestión de beneficiarios controladores y la actualización de datos sin depender de múltiples sistemas dispersos.
- Automatiza alertas: ayuda a que los reportes de operaciones sospechosas se generen a tiempo, reduciendo riesgos de incumplimiento.
- Fortalece la capacitación: permite documentar y medir avances en los programas de formación exigidos por la LFPIORPI.
- Aporta evidencia ante auditorías: con registros completos y fáciles de consultar, lo que brinda confianza frente a autoridades y socios.
Más allá de evitar sanciones, la propuesta de Pirani es dar a las organizaciones la capacidad de adaptarse rápido a los cambios normativos y demostrar un verdadero compromiso con la prevención del lavado de activos en México.
La Reforma a la Ley Antilavado 2025 marca un antes y un después en la lucha contra el lavado de activos en México. Al ampliar sectores, endurecer sanciones y exigir reportes más rápidos, obliga a los sujetos obligados a replantear cómo gestionan el cumplimiento.
Adaptarse no es opcional: implica ajustar procesos, invertir en capacitación y contar con sistemas que garanticen trazabilidad y respuesta inmediata.
Aquí es donde soluciones como Pirani se convierten en aliados estratégicos. No solo facilitan cumplir con la LFPIORPI, sino que también fortalecen la reputación de las organizaciones y les permiten enfrentar auditorías y verificaciones con seguridad.
El momento de actuar es ahora: quienes adopten un enfoque proactivo estarán mejor preparados para enfrentar los riesgos y aprovechar la confianza que genera un cumplimiento sólido.
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