Perú acaba de dar un paso decisivo con la aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030. Es una estrategia de Estado que busca reducir de manera significativa un delito que erosiona la economía, debilita a las instituciones y fortalece al crimen organizado.
El reto no es menor. En los últimos diez años, se identificaron operaciones sospechosas de lavado por más de 14,000 millones de dólares, pero en ese mismo periodo apenas se alcanzaron poco más de 120 sentencias condenatorias firmes. Esta brecha evidencia la urgencia de una nueva política pública que no solo actualice el marco normativo, sino que redefina la manera en que instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos enfrentan este fenómeno.
En este artículo analizaremos a fondo qué es la nueva política, cuáles son sus objetivos, qué cambios introduce y cómo las organizaciones deben prepararse para cumplir con sus lineamientos. Al final, exploraremos el rol de las soluciones tecnológicas como Pirani, que hoy se posicionan como aliados estratégicos para los Sujetos Obligados y las empresas que necesitan garantizar cumplimiento y confianza frente a reguladores, clientes y mercados.
¿Qué es la nueva política contra el lavado de activos en Perú?
La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 (PNCLA) fue aprobada en junio de 2025 mediante el Decreto Supremo N.° 010-2025-JUS. Constituye una hoja de ruta obligatoria que unifica los esfuerzos de todas las entidades del Estado y de los actores privados con tres características importantes:
- Multisectorial: involucra desde el sector financiero hasta profesiones no financieras designadas (notarios, casinos, abogados, inmobiliarias, contadores).
- Preventiva: pone el foco en la detección temprana y en la educación ciudadana.
- Territorial: reconoce riesgos diferenciados en zonas de frontera, minería ilegal y economías locales vulnerables.
El objetivo central es reducir la incidencia del lavado de activos y sus efectos socioeconómicos, proyectando una disminución en el Índice de Riesgo de Lavado de Dinero de 4.72 (2022) a 4.01 para 2030
Principales causas del problema en Perú
El diagnóstico de la política identifica cuatro causas estructurales que explican la persistencia del lavado de activos:
1. Alta informalidad económica
El 18.9% del PBI y más del 70% de la PEA ocupada corresponden a la economía informal. Esto significa transacciones en efectivo, escasa supervisión y oportunidades para mezclar dinero ilícito con fondos legítimos.
2. Prevención deficiente en los Sujetos Obligados
Muchos actores financieros y no financieros carecen de capacidades técnicas y recursos para aplicar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Pequeñas empresas y personas naturales perciben la prevención como un costo, más que como una inversión en reputación y sostenibilidad.
3. Debilidad del Estado
Vacíos normativos (como la tardía regulación de los activos virtuales), controles fronterizos débiles y procesos judiciales excesivamente largos limitan la efectividad del sistema.
4. Coordinación insuficiente
La interoperabilidad entre instituciones públicas es limitada. Además, la sociedad civil tiene bajo conocimiento sobre la gravedad del delito, lo que dificulta construir una cultura de rechazo al lavado.
Riesgos prioritarios y delitos precedentes
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2021, los principales delitos que alimentan el lavado en Perú son:
- Minería ilegal (Riesgo Muy Alto, concentra 57.5% del dinero detectado lavado entre 2012-2021).
- Delitos contra la administración pública (Riesgo Muy Alto).
- Tráfico ilícito de drogas (Riesgo Alto).
- Delitos tributarios (Riesgo Alto).
- Delitos contra el patrimonio y aduaneros (Riesgo Medio/Alto).
Los sectores más usados para blanquear dinero son el vehicular, inmobiliario, bancario y notarial, lo que demuestra que el lavado ocurre en actividades cotidianas y no solo en operaciones financieras sofisticadas
Objetivos y lineamientos de la nueva política
La PNCLA al 2030 se estructura en cuatro objetivos prioritarios:
- Reducir los comportamientos ciudadanos que facilitan el lavado: programas de educación financiera y campañas de prevención.
- Fortalecer los sistemas de prevención en los Sujetos Obligados: adopción del EBR, evaluaciones sectoriales de riesgo y capacitación continua.
- Reforzar la capacidad del Estado: más jueces, fiscales y policías especializados; mejor regulación de activos virtuales; controles fronterizos más estrictos.
Mejorar la coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil: interoperabilidad de sistemas, intercambio público-privado de información y creación de observatorios de sentencias.
Cambios concretos que introduce la política
Entre los servicios e instrumentos que la política prioriza destacan:
-
- Creación de un Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF).
- Semana de Prevención de Lavado de Activos para sensibilizar a la ciudadanía.
- Evaluaciones sectoriales de riesgo en áreas críticas como minería, construcción, casinos, remesas y activos virtuales.
- Herramientas tecnológicas como el Sistema de Comunicación Centralizada y Enlace Seguro (SCES) para fiscales y autoridades.
- Operativos intensificados en fronteras para controlar el transporte no declarado de dinero y valores.
- Creación de un Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF).
Implicaciones para las empresas y Sujetos Obligados
La nueva política exige a las empresas —especialmente a los Sujetos Obligados— reforzar sus sistemas internos de cumplimiento:
- Oficial de Cumplimiento fortalecido con autonomía, rango gerencial y acceso directo a la UIF
- Manual de prevención y código de conducta actualizados.
- Capacitación permanente del personal.
- Monitoreo continuo de operaciones y clientes con base en riesgos reales.
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados en menos de 24 horas.
Cumplir con estas exigencias no solo reduce riesgos legales y reputacionales, también genera confianza ante inversionistas, clientes y autoridades.
Desafíos pendientes
Aunque la PNCLA al 2030 es un avance enorme, persisten retos:
- Mejorar la efectividad judicial: actualmente los procesos por lavado pueden tardar más de un año en fase intermedia
- Combatir la impunidad: el número de sentencias es muy bajo frente al volumen de dinero detectado
- Ampliar la cobertura tecnológica y estadística: el país aún carece de datos integrales y sistemas plenamente interoperables.
¿Cómo contribuye Pirani a este nuevo escenario?
Para los Sujetos Obligados, cumplir con la nueva política contra el lavado de activos en Perú no es solo un desafío normativo, sino una oportunidad para fortalecer la confianza de sus clientes y diferenciarse en mercados altamente regulados.
Aquí es donde Pirani aporta valor:
- Automatización inteligente del cumplimiento: facilita que las empresas generen, gestionen y documenten políticas y reportes alineados con el Enfoque Basado en Riesgo.
- Visión integral del riesgo: ayuda a mapear riesgos asociados a delitos precedentes como minería ilegal, corrupción o criptomonedas, integrando controles en una sola plataforma.
- Evidencia para auditores y reguladores: permite demostrar cumplimiento de manera clara y estructurada, reduciendo costos en inspecciones.
- Cultura de prevención: con módulos de participación y comunicación interna, Pirani impulsa la colaboración de todas las áreas, alineada con el objetivo de la PNCLA de involucrar a la ciudadanía y al sector privado.
La nueva política exige más que nunca pasar del papel a la acción. Con herramientas como Pirani, las empresas pueden estar un paso adelante, no solo evitando sanciones, sino consolidando su reputación en un entorno cada vez más vigilado.
La Nueva política contra el lavado de activos en Perú reconoce causas estructurales como la informalidad, la debilidad del Estado y la falta de coordinación, pero también ofrece una hoja de ruta clara con metas medibles al 2030.
Para las organizaciones, la lección es clara: la prevención del lavado de activos ya no es opcional ni se limita a cumplir un requisito legal. Es una responsabilidad estratégica que impacta directamente en su sostenibilidad y credibilidad.
En este contexto, soluciones tecnológicas como Pirani se convierten en aliados indispensables para gestionar riesgos, cumplir con la normativa y demostrar compromiso frente a reguladores, clientes e inversionistas.
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