Qué es SARAS y cómo implementarlo en tu entidad financiera
El Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) es un marco de gestión creado para que las entidades financieras identifiquen, evalúen, controlen y monitoreen los impactos ambientales y sociales asociados a sus operaciones de crédito o inversión.
En palabras simples: el SARAS ayuda a los bancos y entidades vigiladas a preguntarse no solo “¿el cliente puede pagar?”, sino también “¿el proyecto genera riesgos ambientales o sociales que afecten su viabilidad y, por ende, mi cartera?”.
Este sistema se basa en un conjunto de políticas, procedimientos y herramientas internas que permiten anticipar posibles riesgos derivados de los clientes o de los proyectos que buscan financiamiento.
Contexto normativo en Colombia
En 2023, la Ley 2294 introdujo la obligación de integrar factores de riesgo ambiental, social y de cambio climático en la gestión de riesgos de las entidades vigiladas. A partir de esta ley, la Superintendencia Financiera emitió la Circular que desarrolla el SARAS dentro del Capítulo XXXIII del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR).
Las entidades tienen la obligación de:
- Definir una Política Ambiental y Social con objetivos medibles y planes de acción.
- Implementar procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear riesgos ambientales y sociales.
- Capacitar a sus equipos al menos una vez al año en estos temas.
- Reportar periódicamente a la Superintendencia sobre la gestión realizada.
Más allá de cumplir la norma, el SARAS se alinea con la estrategia integral de finanzas sostenibles, que busca que las entidades financieras adopten un enfoque holístico: proteger el rendimiento económico sin ignorar los impactos ambientales y sociales de sus decisiones.
Políticas y procedimientos del SARAS
El SARAS no es solo un checklist regulatorio. Para que funcione, cada entidad debe estructurar una Política Ambiental y Social que guíe sus decisiones y que esté respaldada por procesos internos claros.
Contenido mínimo de la Política Ambiental y Social
De acuerdo con la Circular de la Superfinanciera, esta política debe incluir como mínimo:
- Objetivos ambientales y sociales: medibles, alcanzables y revisables en el tiempo.
- Un plan de acción con metas concretas a corto, mediano y largo plazo.
- Criterios de exclusión o apetito de riesgo, definiendo qué sectores o proyectos no financiará la entidad.
- Diagnóstico inicial de los riesgos ambientales y sociales más relevantes para la entidad.
- Gobernanza: definir roles y responsabilidades de la Junta Directiva y la Alta Gerencia.
- Capacitación interna: programas anuales obligatorios para todos los niveles.
- Mecanismos de divulgación para empleados, clientes y grupos de interés.
- Evaluación periódica al menos cada dos años, ajustando metas y medidas.
Procedimientos asociados
La política se traduce en procedimientos operativos que permiten gestionar el riesgo de forma práctica:
- Identificación: reconocer los factores de riesgo y dónde pueden presentarse (sectores, territorios, clientes).
- Medición: evaluar el impacto potencial en la situación financiera y en la resiliencia del modelo de negocio.
- Control: adoptar medidas preventivas y correctivas adaptadas al contexto de la entidad.
- Monitoreo: seguimiento semestral mínimo, con reportes internos y a la Superintendencia.
- Capacitación y cultura: sensibilizar a los equipos sobre la importancia de integrar variables sociales y ambientales en el negocio.
En otras palabras, el SARAS exige que la gestión de riesgos ambientales y sociales deje de ser un tema aislado y se integre en la estrategia central de la entidad.
Fases del SARAS
El Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales suele estructurarse en etapas que permiten una gestión ordenada y trazable. Aunque los detalles pueden variar según la normativa de cada país, la lógica es muy similar a la adoptada por reguladores en América Latina y organismos internacionales como la IFC (Corporación Financiera Internacional).
Las principales fases son:
1. Filtro inicial
Es el primer paso y define el alcance del análisis. Aquí se establecen listas de exclusión: actividades o sectores que la entidad decide no financiar por su alto impacto ambiental o social. Por ejemplo: proyectos mineros en zonas protegidas, uso de químicos prohibidos o actividades que afecten comunidades vulnerables.
2. Categorización del riesgo
Cada operación se clasifica como alta, media o baja en función de factores como:
- Tipo y tamaño del proyecto.
- Sector económico.
- Sensibilidad del territorio (por ejemplo, si el proyecto se ubica en una reserva natural o cerca de comunidades indígenas).
Esta clasificación determina la profundidad del análisis que seguirá.
3. Evaluación
En los casos de riesgo medio y alto, se realiza una debida diligencia socioambiental. Esto puede incluir visitas de campo, revisión de licencias ambientales, estudios técnicos o consultas con comunidades locales. El objetivo es validar la información y entender los impactos reales del proyecto.
4. Gestión
Con base en la evaluación, la entidad define condiciones contractuales. Estas cláusulas ambientales y sociales obligan al cliente a cumplir ciertos estándares o implementar planes de manejo. Si no se cumplen, el crédito puede suspenderse o incluso cancelarse.
5. Monitoreo
El SARAS no termina con la aprobación del crédito. Se requiere un seguimiento periódico (al menos semestral) para verificar que el cliente cumple con los compromisos. Esto puede incluir reportes, visitas técnicas o auditorías externas.
6. Revisión y auditoría
Finalmente, las entidades deben evaluar anualmente cómo está funcionando su SARAS. Esta revisión permite ajustar metodologías, mejorar controles y fortalecer la política ambiental y social.
Aunque este esquema responde a la regulación colombiana, sus principios coinciden con lo que exigen otros países de la región y estándares internacionales: análisis previo, categorización, gestión contractual, seguimiento y mejora continua.
Riesgos ambientales y sociales que cubre el SARAS
El SARAS no se limita a revisar papeles o licencias: busca que las entidades financieras comprendan los impactos reales de los proyectos que financian. Estos riesgos pueden ser directos, cuando afectan de forma inmediata la capacidad de pago del cliente, o indirectos, cuando generan efectos reputacionales, legales o regulatorios sobre la entidad.
Riesgos ambientales
- Contaminación hídrica y atmosférica: proyectos que afectan fuentes de agua o calidad del aire.
- Deforestación y pérdida de biodiversidad: construcción en ecosistemas sensibles o actividades extractivas.
- Cambio climático: fenómenos extremos que alteran la viabilidad de un proyecto (ejemplo: sequías que afectan represas o variaciones de viento que impactan parques eólicos).
Riesgos sociales
- Afectación a comunidades locales: reasentamientos forzados, conflictos sociales o falta de consulta previa con pueblos indígenas.
- Condiciones laborales precarias: incumplimiento de normas básicas de seguridad o trabajo digno.
- Impacto en el patrimonio cultural: proyectos que alteran zonas arqueológicas o de valor histórico.
Riesgos indirectos
- Reputacionales: el financiamiento de proyectos con fuerte oposición social puede deteriorar la confianza de clientes e inversionistas.
- Jurídicos y regulatorios: sanciones por incumplir licencias ambientales o litigios derivados de impactos sociales negativos.
- Financieros: deterioro de la cartera de crédito si los proyectos no logran operar por conflictos socioambientales.
En la práctica, un proyecto que parecía rentable puede convertirse en un pasivo para la entidad si no se gestionan estos riesgos desde el inicio. Por eso el SARAS funciona como un filtro de sostenibilidad y como un mecanismo de protección financiera.
Beneficios de implementar el SARAS
Adoptar un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales no solo responde a una obligación regulatoria: también genera ventajas estratégicas para las entidades financieras.
1. Cumplimiento normativo
El primer beneficio es evidente: evita sanciones de los reguladores nacionales y demuestra alineación con las exigencias de supervisión financiera y sostenibilidad.
2. Acceso a financiamiento internacional
Cada vez más inversionistas, bancos multilaterales y fondos internacionales exigen que las entidades cuenten con un SARAS sólido para otorgarles recursos. Cumplir con estándares internacionales como los de la IFC facilita acceder a capital fresco y a mejores condiciones de crédito.
3. Reputación y confianza
Un buen manejo de riesgos socioambientales envía una señal clara a clientes, comunidades y reguladores: la entidad actúa con responsabilidad. Esto fortalece la marca, la confianza de inversionistas y la relación con los grupos de interés.
4. Protección financiera
El SARAS permite anticipar riesgos que podrían convertirse en pérdidas económicas. Detectar a tiempo problemas en licencias ambientales, conflictos sociales o incumplimientos normativos ayuda a evitar deterioros en la cartera de crédito o en el portafolio de inversiones.
5. Ventaja competitiva
Más allá de la regulación, contar con un SARAS sólido posiciona a la entidad como pionera en finanzas sostenibles. Esto abre la puerta a nuevos clientes, productos verdes y oportunidades de innovación en el sector financiero.
En resumen: implementar el SARAS no es un costo adicional, sino una inversión que protege a la entidad, la conecta con el mercado internacional y refuerza su compromiso con la sostenibilidad.
Estándares internacionales para fortalecer el SARAS
Aunque cada país puede definir sus propias reglas, el SARAS no se limita a un marco nacional. En la práctica, está estrechamente vinculado a los lineamientos internacionales de sostenibilidad que los grandes inversionistas y organismos multilaterales exigen a las entidades financieras.
Normas IFC
Las Normas de Desempeño de la IFC (International Finance Corporation) son una de las principales referencias globales. Incluyen criterios sobre:
- Evaluación y gestión de riesgos socioambientales.
- Condiciones laborales y respeto a los derechos humanos.
- Uso eficiente de recursos y prevención de la contaminación.
- Salud y seguridad en las comunidades.
- Conservación de biodiversidad y gestión de recursos naturales.
- Protección de pueblos indígenas y patrimonio cultural.
Principios de sostenibilidad
Además de la IFC, existen marcos como los Principios de Ecuador, la Taxonomía Verde de la Unión Europea o los ODS de Naciones Unidas, que sirven como guías para fortalecer la gestión de riesgos ambientales y sociales.
Brechas regulatorias
Para muchas entidades, el reto no es adoptar los estándares internacionales, sino cerrar la brecha entre la regulación local y esas exigencias globales. Esta brecha puede determinar si logran acceder o no a financiamiento internacional, especialmente a fondos verdes o sostenibles.
En conclusión, un SARAS robusto no solo cumple con el regulador local, sino que también posiciona a la entidad en el mapa global de las finanzas sostenibles.
Cómo Pirani aporta al SARAS
El SARAS está diseñado, principalmente, para gestionar los riesgos ambientales y sociales asociados a operaciones crediticias. Sin embargo, la normativa y las buenas prácticas internacionales también exigen que las entidades gestionen sus propios riesgos ambientales y sociales internos.
Es en este punto donde Pirani se convierte en un aliado estratégico. Aunque nuestro software no es un módulo ASG en sí mismo, su módulo de gestión de riesgos no financieros (ORM) ofrece las herramientas necesarias para que las entidades:
- Integren tipologías socioambientales dentro de sus matrices de riesgos, junto a riesgos operativos, tecnológicos o estratégicos.
- Identifiquen y documenten riesgos ambientales y sociales internos, como la exposición al cambio climático en sedes, impactos de la operación sobre comunidades o riesgos reputacionales asociados.
- Estandaricen políticas y procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear estos riesgos, en línea con la regulación y con marcos internacionales.
- Den trazabilidad a planes de acción y a los controles implementados, asegurando cumplimiento frente a auditorías y supervisores.
- Centralicen la información y faciliten la capacitación y sensibilización interna, elementos que la regulación ya exige como parte de la cultura organizacional.
En otras palabras: Pirani ayuda a las entidades a operacionalizar la sección socioambiental de la normativa, garantizando que la gestión de riesgos ambientales y sociales no quede en un documento, sino que se integre en la práctica diaria.
El Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) no debe verse solo como un requisito normativo. Es, en realidad, una herramienta estratégica para blindar a las entidades financieras frente a riesgos que cada vez pesan más: el cambio climático, la presión regulatoria y la demanda social por instituciones responsables.
Implementar un SARAS sólido permite cumplir la ley, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y proteger la reputación de la entidad. Pero, sobre todo, ofrece la oportunidad de alinear la gestión financiera con las expectativas de sostenibilidad que marcan la agenda internacional.
En este camino, la tecnología juega un papel determinante. Pirani ayuda a que la gestión de riesgos ambientales y sociales se integre de manera práctica al día a día de las entidades, desde la identificación y evaluación hasta el monitoreo y la trazabilidad. Así, el SARAS deja de ser un documento estático y se convierte en un proceso vivo dentro de la organización.
Las entidades que entiendan esto no solo cumplirán con la norma: estarán mejor preparadas para enfrentar los retos futuros y para posicionarse como líderes en finanzas sostenibles.
Este artículo fue escrito con ayuda del consultor Reinaldo Sandoval y Daniela Cardona
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