Perú acaba de dar un paso decisivo con la aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030. Es una estrategia de Estado que busca reducir de manera significativa un delito que erosiona la economía, debilita a las instituciones y fortalece al crimen organizado.
El reto no es menor. En los últimos diez años, se identificaron operaciones sospechosas de lavado por más de 14,000 millones de dólares, pero en ese mismo periodo apenas se alcanzaron poco más de 120 sentencias condenatorias firmes. Esta brecha evidencia la urgencia de una nueva política pública que no solo actualice el marco normativo, sino que redefina la manera en que instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos enfrentan este fenómeno.
En este artículo analizaremos a fondo qué es la nueva política, cuáles son sus objetivos, qué cambios introduce y cómo las organizaciones deben prepararse para cumplir con sus lineamientos. Al final, exploraremos el rol de las soluciones tecnológicas como Pirani, que hoy se posicionan como aliados estratégicos para los Sujetos Obligados y las empresas que necesitan garantizar cumplimiento y confianza frente a reguladores, clientes y mercados.
¿Qué es la nueva política contra el lavado de activos en Perú?
La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 (PNCLA) fue aprobada en junio de 2025 mediante el Decreto Supremo N.° 010-2025-JUS. Constituye una hoja de ruta obligatoria que unifica los esfuerzos de todas las entidades del Estado y de los actores privados con tres características importantes:
El objetivo central es reducir la incidencia del lavado de activos y sus efectos socioeconómicos, proyectando una disminución en el Índice de Riesgo de Lavado de Dinero de 4.72 (2022) a 4.01 para 2030
El diagnóstico de la política identifica cuatro causas estructurales que explican la persistencia del lavado de activos:
El 18.9% del PBI y más del 70% de la PEA ocupada corresponden a la economía informal. Esto significa transacciones en efectivo, escasa supervisión y oportunidades para mezclar dinero ilícito con fondos legítimos.
Muchos actores financieros y no financieros carecen de capacidades técnicas y recursos para aplicar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Pequeñas empresas y personas naturales perciben la prevención como un costo, más que como una inversión en reputación y sostenibilidad.
Vacíos normativos (como la tardía regulación de los activos virtuales), controles fronterizos débiles y procesos judiciales excesivamente largos limitan la efectividad del sistema.
La interoperabilidad entre instituciones públicas es limitada. Además, la sociedad civil tiene bajo conocimiento sobre la gravedad del delito, lo que dificulta construir una cultura de rechazo al lavado.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2021, los principales delitos que alimentan el lavado en Perú son:
Los sectores más usados para blanquear dinero son el vehicular, inmobiliario, bancario y notarial, lo que demuestra que el lavado ocurre en actividades cotidianas y no solo en operaciones financieras sofisticadas
La PNCLA al 2030 se estructura en cuatro objetivos prioritarios:
Mejorar la coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil: interoperabilidad de sistemas, intercambio público-privado de información y creación de observatorios de sentencias.
Entre los servicios e instrumentos que la política prioriza destacan:
La nueva política exige a las empresas —especialmente a los Sujetos Obligados— reforzar sus sistemas internos de cumplimiento:
Cumplir con estas exigencias no solo reduce riesgos legales y reputacionales, también genera confianza ante inversionistas, clientes y autoridades.
Aunque la PNCLA al 2030 es un avance enorme, persisten retos:
Para los Sujetos Obligados, cumplir con la nueva política contra el lavado de activos en Perú no es solo un desafío normativo, sino una oportunidad para fortalecer la confianza de sus clientes y diferenciarse en mercados altamente regulados.
Aquí es donde Pirani aporta valor:
La nueva política exige más que nunca pasar del papel a la acción. Con herramientas como Pirani, las empresas pueden estar un paso adelante, no solo evitando sanciones, sino consolidando su reputación en un entorno cada vez más vigilado.
La Nueva política contra el lavado de activos en Perú reconoce causas estructurales como la informalidad, la debilidad del Estado y la falta de coordinación, pero también ofrece una hoja de ruta clara con metas medibles al 2030.
Para las organizaciones, la lección es clara: la prevención del lavado de activos ya no es opcional ni se limita a cumplir un requisito legal. Es una responsabilidad estratégica que impacta directamente en su sostenibilidad y credibilidad.
En este contexto, soluciones tecnológicas como Pirani se convierten en aliados indispensables para gestionar riesgos, cumplir con la normativa y demostrar compromiso frente a reguladores, clientes e inversionistas.
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