Pablo Pérez, CEO y fundador de RiskFlow, explica por qué las colaboraciones con creadores de contenido pueden representar un riesgo para las empresas y qué señales conviene revisar antes de establecer una relación comercial.Las colaboraciones con influencers se han convertido en una herramienta habitual para conectar marcas con sus audiencias. Una publicación, una historia o un video pueden formar parte de una campaña de marketing y representar una inversión importante para una empresa. Pero ¿cómo sabe una marca que está pagando por una audiencia real y que el dinero detrás de esa colaboración tiene un origen legítimo?
La pregunta tiene más relevancia de la que parece. Detrás de algunas operaciones pueden existir seguidores falsos, interacciones artificiales, pagos que no corresponden con el valor del servicio o intermediarios cuya participación no está del todo clara.
En Pirani conversamos sobre estos riesgos con Pablo Pérez, CEO y fundador de RiskFlow, empresa de consultoría y tecnología para la prevención del lavado de activos. Durante un episodio de nuestro podcast de Pirani, Pablo explicó por qué las redes sociales se han convertido en un espacio que merece atención por parte de las áreas de cumplimiento y qué deberían revisar las empresas antes de contratar a un creador de contenido.
Tabla de contenido
Para Pérez, una de las razones por las que las redes sociales pueden ser atractivas para introducir dinero ilícito es la dificultad para establecer cuánto vale realmente una colaboración.
Una fotografía en Instagram, un video en TikTok o una transmisión en directo pueden tener precios muy diferentes. El alcance, la interacción, el tipo de contenido, la audiencia y la popularidad del creador influyen en la tarifa. Sin embargo, no siempre es sencillo comprobar si el monto que se paga corresponde con el servicio prestado.
Esa falta de referencias claras puede abrir espacio para declarar valores superiores a los reales y utilizar la diferencia para introducir dinero de origen ilícito.
Pérez explica que este fenómeno no apareció con los influencers. Las organizaciones criminales han buscado oportunidades en actividades que concentran grandes cantidades de dinero y atención pública. Antes fueron los clubes deportivos y los conciertos; ahora también pueden ser los creadores de contenido y las plataformas digitales.
El cambio está en los espacios donde se mueve la audiencia y, sobre todo, en la dificultad para verificar algunas de sus cifras.
Tener una comunidad numerosa no significa necesariamente tener una audiencia real. En redes sociales existen cuentas que compran seguidores, visualizaciones o interacciones para aparentar una popularidad que no corresponde con su alcance efectivo.
En algunos casos, según explica Pérez, estas prácticas pueden formar parte de operaciones de lavado de activos. El dinero ilícito puede utilizarse para impulsar artificialmente una cuenta y, después, esa popularidad aparente sirve para conseguir colaboraciones comerciales.
La marca paga por llegar a una audiencia que quizá no existe en la proporción que muestran las cifras públicas. También puede ocurrir que el pago declarado por el influencer sea muy superior al que realmente recibió por la campaña.
Pérez recomienda solicitar información analítica de la cuenta. Aunque buena parte de estos datos no es pública, el propio creador puede compartir estadísticas que permitan evaluar la composición y el comportamiento de su audiencia. Algunos aspectos que conviene revisar son:
Hay una precisión importante: encontrar seguidores falsos no demuestra por sí solo que exista lavado de activos. Pérez advierte que una persona puede recibir seguidores comprados por terceros sin saberlo. También puede tener una comunidad legítima y presentar otros riesgos. Por eso, el análisis debe considerar el contexto y no convertir una señal aislada en una conclusión.
Los sorteos de vehículos, motocicletas, apartamentos u otros premios de alto valor pueden ayudar a una cuenta a crecer rápidamente. A cambio de una participación de bajo costo, muchas personas tienen la posibilidad de ganar un bien que normalmente requeriría una inversión mucho mayor.
Pero, como explicó Pérez durante la conversación, también hay operaciones en las que el premio o el dinero utilizado para financiarlo puede tener un origen ilícito. Incluso puede suceder que el ganador anunciado no sea realmente un participante elegido al azar, sino alguien relacionado con quienes organizan el sorteo.
En ese escenario, el premio puede servir para justificar la posesión de un activo o presentar como legítimo un ingreso que tiene otro origen.
Para las empresas que trabajan con creadores de contenido, esto significa que revisar sus métricas no siempre es suficiente. También conviene entender qué otras actividades realiza el influencer, cómo obtiene sus ingresos y si existen situaciones que puedan comprometer la relación comercial.
Una empresa puede contratar a un influencer porque tiene una comunidad amplia, porque conecta con un público específico o porque su contenido encaja con una campaña. Sin embargo, la decisión no debería quedarse únicamente en los criterios de marketing.
Pérez recuerda que algunas empresas de sectores que no suelen asociarse con la prevención de lavado de activos han incorporado estos controles porque utilizan creadores de contenido y equipos deportivos como canales de promoción.
El riesgo tiene dos dimensiones. La primera es reputacional: si un influencer aparece relacionado con una investigación criminal, la marca que lo patrocinó también puede quedar expuesta ante la opinión pública. La segunda puede ser legal, dependiendo de los hechos y de la participación de cada involucrado. Cuando se investiga el origen de los recursos, los pagos realizados por una colaboración pueden entrar en el análisis y la empresa podría tener que demostrar la naturaleza de esa operación.
Por eso, la debida diligencia debe formar parte de la evaluación de terceros. Y esto incluye revisar a los intermediarios cuando la contratación se hace a través de una agencia o representante.
Pérez señala que las agencias pueden facilitar el proceso si colaboran con las marcas y proporcionan información verificable sobre los creadores que representan. La intermediación, por sí sola, no elimina la necesidad de revisar a las partes involucradas.
La recomendación de Pérez es que las empresas investiguen antes de iniciar una relación comercial y ajusten sus controles según el riesgo identificado. En una colaboración con un creador de contenido, esto puede traducirse en acciones concretas:
No todas las colaboraciones requieren el mismo nivel de revisión. El monto, la duración, el alcance y las características de la relación pueden ayudar a determinar qué controles son necesarios. Lo importante es que la empresa tenga criterios para evaluar el riesgo y pueda explicar por qué decidió avanzar con una contratación.
Estas revisiones hacen parte de una gestión de riesgos de terceros que debe estar integrada a los procesos de la organización. Para las áreas de cumplimiento, esto implica identificar a quién se contrata, evaluar los riesgos asociados, definir controles y conservar evidencia de las decisiones. La información debe estar disponible para hacer seguimiento a cada relación comercial y actualizar su evaluación cuando cambien las condiciones.
En conciertos y eventos masivos, por ejemplo, una de las señales de alerta puede estar en la diferencia entre la asistencia real y la que se declara. Si se reportan más entradas vendidas o más asistentes de los que efectivamente hubo, esas cifras pueden utilizarse para justify ingresos que no corresponden con la actividad del evento.
En los equipos deportivos pueden presentarse situaciones similares con la venta de entradas. También existen riesgos relacionados con la gestión de los recursos del club: pagos a personas que no prestan servicios, préstamos que no se devuelven o proyectos que se anuncian y nunca se ejecutan.
Para prevenir estas situaciones, Pérez recomienda investigar a las personas que forman parte de la dirección de los clubes, revisar sus antecedentes, solicitar estados financieros y analizar cómo se administran los recursos. Si no es posible acceder a toda la información, la empresa debe buscar otras formas de identificar movimientos que no tengan una explicación clara.
El punto en común con las colaboraciones digitales es la necesidad de comprobar que las cifras y las operaciones correspondan con la realidad.
Durante el episodio, Pérez también habló sobre el papel de la inteligencia artificial y la analítica de datos en la prevención del lavado de activos. Su recomendación fue distinguir entre las herramientas disponibles y entender para qué sirve cada una.
En particular, advirtió sobre el uso de modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude para analizar directamente información transaccional y tomar decisiones de cumplimiento. Según explicó, estos modelos pueden presentar problemas de transparencia y generar respuestas incorrectas. Por eso, considera importante utilizar modelos cuyos criterios puedan revisarse y entenderse, como determinados modelos de machine learning, árboles de decisión o Random Forest.
La tecnología puede ayudar a los equipos de cumplimiento a procesar más información, identificar comportamientos inusuales y trabajar con mayores volúmenes de datos. Pero no reemplaza la revisión de los analistas ni elimina la responsabilidad de las organizaciones sobre las decisiones que toman.
También es necesario cuidar la calidad de los datos y evitar que los modelos reproduzcan sesgos o utilicen información que no resulta pertinente para la evaluación del riesgo.
Al cierre de la conversación, Alejandro Orrego, nuestro CEO, le preguntó a Pérez cuál considera que es el principal punto ciego de las organizaciones cuando evalúan los riesgos de la economía digital. Su respuesta fue directa: la opacidad.
Cuando una empresa no puede comprobar la información que recibe, cuando desconoce quién está detrás de una operación o cuando no tiene forma de verificar si las cifras corresponden con la realidad, aumenta su exposición.
Por eso, la prevención no debería limitarse a revisar si un influencer tiene muchos seguidores o si una campaña parece exitosa. También implica conocer a los terceros, contrastar la información, entender los pagos y conservar evidencia de las decisiones.
Como plantea Pérez, contar con datos y procesos que puedan auditarse permite tomar decisiones mejor fundamentadas y demostrar qué hizo la organización para prevenir estos riesgos.
En Pirani creemos que una buena gestión de riesgos empieza por conocer las exposiciones de la organización, evaluar a sus terceros y contar con información para tomar decisiones. Por eso, desde nuestro podcast y otros espacios de conversación, reunimos las experiencias de profesionales que conocen estos desafíos y aportan herramientas para abordarlos desde las áreas de riesgos y cumplimiento.