¿Están las fintech en Chile preparadas para enfrentar la nueva responsabilidad penal que impone la Ley de Delitos Económicos? La respuesta no es simple. Esta normativa, vigente desde 2023, no solo amplía el catálogo de delitos sancionables, sino que obliga a empresas de todos los tamaños —y en particular a las fintech— a contar con modelos de prevención de delitos activos y efectivos.
¿Cuál es el objetivo de la ley de delitos económicos?
La Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales entró en vigor en septiembre de 2023. Su impacto es profundo porque modifica la Ley 20.393, que regulaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde 2009.
El objetivo de esta nueva normativa es claro: terminar con el trato privilegiado que históricamente recibieron los delitos económicos y asegurar que sean sancionados con la misma severidad que otros crímenes. Esto significa:
Durante el webinar, Carla Pizarro explicó que la Ley 21.595 sistematiza los delitos en cuatro categorías, con sanciones diferenciadas según la gravedad y el contexto. Para las fintech, esta clasificación no es un detalle técnico, sino una guía práctica para identificar vulnerabilidades en sus operaciones.
Como señaló Pizarro, lo importante es que cada fintech aterrice estas categorías a su propio negocio. No basta con copiar una lista genérica de delitos: el modelo de prevención debe identificar en qué procesos específicos podrían materializarse y qué controles aplican
Las fintech, por su doble naturaleza —financiera y tecnológica— están en el centro del riesgo. Manejan dinero, datos sensibles y procesos digitales expuestos a fraudes. Entre los delitos más relevantes en este sector destacan:
La vulnerabilidad no se limita a los procesos internos. La ley también obliga a las fintech a evaluar a sus clientes y proveedores, aplicando procedimientos de due diligence y monitoreo continuo.
Uno de los aspectos más disruptivos de la ley es la responsabilidad penal ampliada. Hoy, no solo la persona que comete el delito es sancionada; también lo son los directivos que no ejercieron control suficiente y la empresa misma.
Esto obliga a las fintech a:
En la práctica, esto implica pasar de un modelo de cumplimiento formalista a un enfoque de gestión de riesgos preventivo y dinámico.
Aunque la ley representa un desafío, también abre oportunidades:
Las fintech que adopten un enfoque proactivo no solo evitarán sanciones, sino que podrán diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.
Cumplir con la Ley de Delitos Económicos no debería ser un proceso pesado ni burocrático. El reto está en lograr que la gestión de riesgos y la prevención de delitos se conviertan en prácticas vivas, visibles y trazables.
Aquí es donde soluciones como Pirani marcan la diferencia: permiten a las fintech consolidar riesgos, controles y normativas en una sola plataforma, automatizar procesos de cumplimiento y generar evidencias claras para auditorías o fiscalizaciones.
Más que un “checklist legal”, Pirani ayuda a las empresas a integrar la prevención en el día a día, garantizando que los modelos de prevención no queden en un cajón, sino que evolucionen con el negocio y la regulación
¿Qué cambia con la Ley de Delitos Económicos en Chile para las fintech?
Amplía los delitos aplicables, endurece sanciones y exige modelos de prevención dinámicos.
¿Qué delitos económicos son más relevantes para las fintech?
Lavado de activos, fraude informático, uso indebido de información, apropiación de fondos y delitos tributarios.
¿Qué pasa si una fintech no se adapta a esta ley?
Puede enfrentar sanciones económicas, inhabilitación de directivos e incluso la disolución de la empresa.
¿Qué deben implementar las fintech para cumplir con la ley?
Un modelo de prevención de delitos efectivo, matrices de riesgos integradas en procesos, canales de denuncia y capacitación continua.
¿Cómo se relaciona la ley con la prevención de lavado de activos?
Refuerza la obligación de controles de debida diligencia y monitoreo de operaciones sospechosas.
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